AATI
Comenzamos por Argentina, donde el poder político y económico, como en muchos países, persiste en el error de no considerar la cultura un elemento prioritario para la vida saludable de la humanidad.
Los traductores argentinos se encuentran, en el marco de esta pandemia, con contratos relegados, interrumpidos o inexistentes. En cuanto a la venta de libros electrónicos, desde que los comercios dejaron de abrir sus puertas por la cuarentena, aumentó en un pequeño porcentaje que no llega a mejorar la situación, porque en la Argentina ese formato nunca tuvo mucha aceptación entre lectores ni editores.
Por otra parte, los métodos de promoción de lectura electrónica generaron para escritores y traductores un problema asociado, que es el «regalo» de libros en formato digital. La estrategia de ofrecer libre acceso con fines publicitarios a algunos contenidos editoriales no siempre cuenta con la autorización de sus autores, lo que implica para estos no solo la pérdida de ingresos por regalías sino una flagrante violación a las leyes y recomendaciones internacionales referidas a la protección de los derechos de autor.
Ante esto, el 8 de abril, se publicó un informe a partir de una encuesta nacional realizada de manera urgente: El libro artentino frente a la cuarentena. Librerías, editoriales e imprentas y la necesidad de respuestas colectivas , a cargo de Alejandro Dujovne (IDES-CONICET, IDAES-UNSAM) y Heber Ostroviesky (UNGS). Entre sus diversas recomendaciones para paliar la difícil situación de esos eslabones, aparece una que incluye (y nosotros queremos hacerlo de manera expresa) a escritores y traductores: «Atender a través de una línea de subsidios la situación de actores del sector del libro que se ha visto dramáticamente deteriorada durante el último mes. Evaluar estos casos excepcionales en los que la subsistencia de los proyectos está en juego para implementar apoyos extraordinarios».
Felizmente, el 13 de este mes, el Gobierno nacional anunció (entre otras medidas todavía insuficientes) la autorización oficial de vender libros por internet y entregarlos a domicilio en todo el país, y pocos días después se difundió una primera lista de librerías que se sumaron a la modalidad. Por su parte, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares implementó el Programa Libro % 2020 a distancia, por el cual las Bibliotecas Populares de todo el país podrán adquirir material bibliográfico al 50 % de su valor. Eso permite al menos destrabar el funcionamiento y la producción de todos los engranajes de la industria editorial: autores, traductores, editores, libreros, distribuidores, imprentas, librerías… Una medida que constituye un primer paso para que mantengamos viva la esperanza de que los colegas argentinos continúen ejerciendo su oficio, el de hacer circular entre diferentes culturas ideas, información, fantasía, imaginación y arte a través de los libros.
actti
En Colombia, el sector editorial, representado por escritores, ilustradores, traductores, correctores, diseñadores, diagramadores, impresores, distribuidores, editores, editoriales independientes y libreros, dirigió el 1 de marzo una petición de apoyo a la ministra de Cultura, en la que solicitaba ampliar los beneficios de los Decretos 474 y 475 del 25 de marzo de 2020 que declaraban el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio Nacional.
Entre los proyectos y recursos que se solicitaban, se incluían: que las compras públicas prioricen los libros editados en Colombia con política de pronto pago; la introducción en los programas de compra pública de ejemplares ya producidos en Colombia o importados que se encuentren en las bodegas de editores y distribuidores o en librerías; el fomento de la compra a través de librerías con tarifas postales reducidas; y la protección y el apoyo a los actores de la cadena mediante un monto de calamidad de salud por los brazos caídos durante la cuarentena para los trabajadores independientes del sector y la exención de retenciones en la fuente y de cotización de pensión ni salud en facturas o cuentas a cobro durante tres meses.
A estas peticiones, contestó el 14 de abril la directora de la Biblioteca Nacional manifestando la intención de la Biblioteca de: en el proceso de adquisición de colecciones de actualización para las bibliotecas públicas, contemplar exclusivamente obras de edición colombiana, así como la instauración de una política de pronto pago a cinco días hábiles; en dicho proceso de adquisición, no focalizar la compra en adquisición de novedades editoriales, con la intención de que editores y distribuidores puedan deshacerse de inventario; y poner en marcha una campaña de divulgación para invitar a las autoridades locales a comprar en librerías regionales.
Asimismo se remitieron al Ministerio de Trabajo las peticiones en materia de exención de retenciones.
Una respuesta que, en conjunto, se puede considerar satisfactoria para el sector.
ACE Traductores
Continuando con España, los colegas españoles publicaron el 31 de marzo un comunicado de buenas prácticas, en el que recordaban que, si bien la Constitución establece en su artículo 44.1. que «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho», no establece en ningún caso que las personas que ejercen su profesión en las industrias culturales trabajen gratis. Lejos de ello, protege activamente el derecho a la propiedad intelectual. Asimismo, recordaban que el fomento de la lectura no puede ser a costa de quienes trabajan en torno al libro, a costa, entre otras personas, de quienes se dedican profesionalmente a la traducción de libros, y animaban a los ciudadanos y los traductores a conservar las buenas prácticas en cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual.
Más adelante, el 20 de abril, publicaron una serie de medidas a corto y medio plazo que habían hecho llegar a la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura español, pensadas para paliar los efectos de la crisis no solo entre los profesionales de la traducción editorial, sino en el ámbito del libro en general.
Entre ellas se incluían ayudas públicas en forma de subvenciones y becas, medidas laborales y relacionadas con la Seguridad Social, ayudas a librerías, editoriales, imprentas y distribuidoras, así como campañas para el fomento de la lectura y la lucha contra la piratería digital.
Ametli
En cuanto a los colegas mexicanos, han emitido el siguiente comunicado:
Ametli se solidariza con las reivindicaciones económicas de los eslabones más precarizados de la cadena de producción del libro, tan drásticamente amenazados por la emergencia sanitaria de covid-19, y hace un llamado urgente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaria de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para tomar en cuenta a los traductores literarios en los siguientes rubros:
- Incentivos fiscales
- Apoyos económicos directos
- Otorgamiento de créditos y microcréditos
Las prácticas contractuales imperantes en el ecosistema de producción del libro consideran al traductor literario como «prestador de servicios» y no como autor de sus traducciones, en el sentido que lo establece la ley. Una de las consecuencias es que el traductor literario no cuenta con ingresos por regalías, como ya se practica en otros países.
La vulnerabilidad profesional del traductor editorial en México es evidente. El problema de los contratos se agrava, además de lo anterior, porque en la mayoría de los casos se imponen tiempos de entrega demasiado cortos y casi nunca existe la cláusula que determina con claridad el periodo durante el cual el traductor transfiere al editor la explotación de los derechos patrimoniales de la obra, que como también lo establece la ley, debe ser siempre temporal y nunca permanente.
Con el agravante de la situación de parálisis económica por la contingencia de covid-19, tememos el colapso de todo el ecosistema de producción del libro, tan estrechamente ligado al progreso cultural y científico del país. Si no se contemplan ni se diseñan estas ayudas específicas, la parálisis editorial y el cierre masivo de librerías, sobre todo las pequeñas, serán inevitables y las consecuencias, fatales para el sector editorial.
Estas medidas de apoyo gubernamentales tienen que ir de la mano con la conducta ética y de justicia laboral de todos los sectores del ecosistema, de manera que el beneficio sea general y para todos, incluidos los que vivimos de la traducción profesional de libros.
Ametli se pronuncia, en este sentido, por el mantenimiento de los contratos ya en marcha y por la estricta observación de las buenas prácticas en el seno del sector editorial.
